Las elecciones son la piedra angular de los procesos políticos democráticos y sirven como mecanismo para que los partidos políticos o candidatos compitan por cargos públicos en igualdad de condiciones ante el electorado.
Los acuerdos especiales de votación (AEV) están diseñados para ampliar las oportunidades de voto a personas que de otro modo no podrían votar y así facilitar el principio del sufragio universal.
Un sistema de justicia electoral eficaz es un elemento clave para el desarrollo de un proceso democrático libre, justo y genuino.
La falta de claridad relacionada con los tipos de amenazas que se manifiestan, así como los roles y responsabilidades para proteger las elecciones en el entorno de la información, puede conducir a una asignación inadecuada de recursos y estrategias ineficaces de prevención y protección.
La formación y el desarrollo profesional son una inversión en la capacidad de los organismos de gestión electoral (OGE) para realizar su tarea principal: administrar una contienda electoral.
Cuando las elecciones tienen lugar en países en transición del autoritarismo a la democracia, de profundas crisis políticas a la estabilidad o de la guerra a la paz, su importancia es mayor de lo habitual.
Durante 2020-2021, la pandemia de Covid-19 afectó profundamente las elecciones en todo el mundo.
Los órganos de gestión electoral siempre han tenido que hacer frente al riesgo de desastres naturales, pero la amenaza que plantean tales fenómenos se ha vuelto más evidente en los últimos años.
Las elecciones son actividades complejas. Independientemente de dónde tengan lugar, los órganos de gestión electoral enfrentan numerosos riesgos al organizarlas.
Casi todos los países del mundo cuentan con algún tipo de regulación del financiamiento político. A pesar de esto, persisten muchos desafíos, incluidas lagunas regulatorias y una implementación ineficaz de leyes y políticas de financiamiento político. La mayoría de los países todavía luchan por monitorear el desempeño de sus medidas regulatorias vigentes y existe un déficit empírico en la evaluación y comparación de las prácticas de las regulaciones de financiamiento político en diferentes contextos nacionales.
